En concreto, el tribunal señala en un auto hecho público hoy, que cierra el caso "al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", es decir, la muerte de varios pacientes terminales en el servicio de urgencias.
El asunto saltó a los medios el 11 de marzo de 2005 tras
hacer pública la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dirigida por el ’popular’ Manuel Lamela’, la denuncia anónima que realizó la familia de un fallecido. En esta denuncia se incluían datos detallados de varias historias clínicas, que denunciaban hasta 400 sedaciones excesivas con resultado de muerte.
En ese momento, el consejero de Esperanza Aguirre -que ha cambiado de cartera en la recién estrenada legislatura- decidió apartar de su cargo al jefe de Urgencias, Luis Montes, un prestigioso anestesista, así como al director médico y al gerente del hospital.
Fuente: Cadena ser
Las acusaciones contra los profesionales del Severo Ochoa eran infundadas.
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